La Policía requisa información en la sede del Gobierno de Melilla por la investigación sobre compra de votos

MADRID/MELILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) –

Agentes de la Policía Nacional han requisado información este viernes en la sede del Gobierno de Melilla, consistente en el volcado de datos informáticos, como continuación de la investigación sobre la presunta compra de votos que dejó una decena de detenidos en la pasada campaña electoral de las municipales del 28 de mayo.

Según informan a Europa Press fuentes policiales, los agentes han practicado esta diligencia en el marco de un mandamiento judicial para llevar a la práctica un volcado de datos en el Palacio de la Asamblea, sede del Gobierno melillense.

El mandamiento judicial, por tanto, ha contado con la colaboración del Ejecutivo de la ciudad autonómica y no ha incluido registros en dependencias gubernamentales. Tampoco ha habido incautación física de ordenadores ni de otros dispositivos como discos duros por parte de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El presidente en funciones de Melilla, Eduardo de Castro, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que la diligencia policial es «algo serio», aunque sin dar más detalles al ser una causa declarada secreta por el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad. Además, ha señalado que había firmado un decreto para pedir colaboración de los funcionarios en lo relativo a la documentación requerida.

ANTICORRUPCIÓN RASTREA DESVÍO DE FONDOS

Tras el operativo que dejó una decena de detenidos por presunta de compra de votos por correo, entre ellos Mohamed Al-Lal, consejero de Coalición por Melilla (CpM), el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ordenó que Anticorrupción asumiera este caso de «trascendencia desde punto de vista social y política».

Según el escrito de la Fiscalía, el entramado delictivo dio comienzo el 4 de abril, a raíz de la publicación en el BOE de la convocatoria electoral, y habría sido llevada a cabo, según las averiguaciones practicadas, por varios individuos afines o relacionados con el partido político Coalición por Melilla».

De acuerdo al Ministerio Público, tenía la «pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular» en las elecciones municipales y autonómicas del 28-M que ganó el PP con mayoría absoluta. En Melilla gobierna en la actualidad Eduardo de Castro, ex candidato de Ciudadanos, con apoyo de CpM y el PSOE.

«Dichos individuos», decía la Fiscalía, «conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma».

El decreto del fiscal general hablaba de una «operación a gran escala de compra de votos, mediante la que se abonaban entre 100 y 50 euros a un importante número de ciudadanos alterando la mecánica legalmente establecida del voto por correo».

Correos informó el 26 de mayo, último día de campaña de las elecciones del 28-M, de que había dado por válidos 5.814 votos por correo en Melilla, casi la mitad de las 11.700 solicitudes tramitadas en la ciudad autónoma.

El dato disparaba la cifra de otros comicios y, junto al robo sufrido por carteros con la documentación para votar por correspondencia, dio paso a un cruce de acusaciones entre las formaciones locales. La Junta Electoral, además, ordenó que se pidiera el DNI para la entrega de los votos, dentro de una serie de medidas para garantizar la limpieza de los comicios.