El Gobierno inicia este lunes los trabajos para la exhumación de las víctimas en Cuelgamuros
MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno inicia este lunes los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática, según ha adelantado El País y han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
Precisamente el pasado jueves familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo ante el incumplimiento de la sentencia que obligó en 2016 a las exhumaciones de los restos mortales de los hermanos Lapeña y otros tantos inhumados en el Cuelgamuros.
El 13 de marzo el Tribunal Supremo dio luz verde a las exhumaciones de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista enterradas en el Valle de los Caídos al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último escollo que frenaba las extracciones de los cadáveres, después de que los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo inadmitieran el recurso de casación interpuesto contra la sentencia, de 20 de junio de 2022, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
La resolución recurrida acordó levantar la medida cautelar que impedía las extracciones de restos mortales de las criptas al entender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no conllevaría «una transformación urbanística irreversible de las criptas».
Ya el pasado 24 de abril los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera salieron del Valle de los Caídos donde permanecían desde el año 1959 rumbo al cementerio de San Isidro. Asimismo, los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina fueron exhumados del templo de la Hermandad de la Macarena de Sevilla el 3 de noviembre de 2022, merced al requerimiento que le había formulado el Gobierno central por la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática.
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