La Audiencia Nacional afronta el nuevo año judicial pendiente de una eventual causa contra Rubiales

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) –

La Audiencia Nacional (AN) afronta el nuevo curso pendiente del devenir de las diligencias abiertas por la Fiscalía por el beso del ahora suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora de la selección Jenni Hermoso; con varias sentencias pendientes en cartera, entre ellas la del asesinato del que fuera presidente del PP en Aragón Manuel Giménez Abad y la de los ‘Ángeles del Infierno’; y con el juicio contra el expresidente valenciano Francisco Camps por concluir.

Con el caso ‘Tándem’ en parada técnica tras dictarse la primera sentencia contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por los trabajos realizaba para particulares estando en el Cuerpo Nacional de Policía, tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez instructor deben valorar ahora cómo afecta al resto de la macrocausa que no fuera condenado por cohecho.

Mientras, otro de los asuntos estrella que recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 6, la causa de ‘Tsunami Democràtic’, pende de un hilo –según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press– ya que la reforma del Código Penal que suprimió el delito de sedición y las dudas sobre si se puede considerar que hubo un delito de terrorismo pueden provocar que la causa sea enviada a los juzgados de Cataluña.

Más allá, este tribunal especial con jurisdicción en todo el territorio nacional tiene pendientes resoluciones de calado en causas como la de los Comités de Defensa de la República (CDR), la del presunto yihadista de Algeciras o las diferentes investigaciones que giran sobre la posible autoría mediata de la cúpula de ETA en varios atentados de la banda.

LA DECISIÓN DE HERMOSO

El pasado 28 de agosto la Fiscalía de la Audiencia Nacional resolvió abrir diligencias de investigación preprocesales en relación al beso en la boca que Rubiales propinó a Hermoso en la entrega de trofeos del Mundial celebrado en Australia al entender que podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual.

En el decreto del Ministerio Público, firmado por la teniente fiscal, Marta Durántez, acordaba dirigirse a la jugadora de la absoluta para ofrecerle emprender acciones legales.

La decisión de la Fiscalía llegaba a la vista de las «manifestaciones públicas» realizadas por la jugadora de las que se deduce que el beso no fue consentido. «Atendido el momento extraprocesal en el que nos encontramos y lo inequívoco de sus declaraciones, es preciso determinar la trascendencia jurídica de las mismas», apuntaba, para luego informar de que una vez contactada, Hermoso tendrá 15 días para dirigirse al Ministerio Público para que le informen de sus derechos como víctima de un presunto delito.

LA CAUSA DE VILLAREJO

El caso que durante los últimos años más titulares ha aglutinado en la Audiencia Nacional ha sido el de la investigación abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 6 alrededor de la figura del comisario, ya jubilado, José Manuel Villarejo.

En julio se conoció la primera de las sentencias de este caso por tres del medio centenar de piezas separadas –‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’– y el comisario fue condenado a 19 años de cárcel por los delitos de revelación y descubrimiento de secretos y falsedad documental, pero no por cohecho, uno de los delitos que vertebra la macrocausa.

Villarejo, por decisión del tribunal que le juzgó y en contra del criterio de la Fiscalía, no pisará de momento la cárcel y seguirá en libertad con cautelares, habida cuenta que ya estuvo en prisión desde el 3 de noviembre de 2017 y hasta el 10 de febrero de 2020, y dado que los magistrados entienden que no hay riesgo de fuga.

TSUNAMI DEMOCRÀTIC Y CDR

En cuanto a investigaciones en curso, destacan por su momento procesal la que gira en torno a ‘Tsunami Democràtic’ y la de los CDR. En la primera, donde se investiga el papel de esa plataforma en los disturbios posteriores a la sentencia del ‘procés’, Manuel García Castellón, el instructor, tras levantar el secreto del sumario debe decidir, previo informe de la Fiscalía, si mantiene la instrucción en la Audiencia Nacional o si lo envía a los juzgados de Cataluña.

Esto es así porque, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, sin el delito de sedición –suprimido por la reforma del Código Penal– y con dudas de que los hechos investigados puedan encajar en un delito de terrorismo el caso se aleja de las competencias de la Audiencia Nacional. A esto se suma que uno de los investigados es diputado de ERC –Rubén Wagensberg– y por lo tanto está aforado, por lo que su imputación debe verse a la fuerza en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En cuanto a la investigación sobre las acciones que planificaban los miembros de los Comités de Defensa de la República –CDR–, tras el procesamiento de los 12 imputados, la Fiscalía solicitó a finales de junio la apertura de juicio oral contra todos ellos por un delito de pertenencia a organización terrorista, sumando a ocho de ellos los delitos de tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos.

Así las cosas, ahora es el juez instructor quien debe mover ficha y dictar auto de apertura de juicio oral, último paso para que el asunto recaiga en la Sala de lo Penal y, tras los diferentes recursos que se esperan, se ponga fecha al juicio.

GIMÉNEZ ABAD Y ÁNGELES DEL INFIERNO

Más allá de las diferentes investigaciones en las que está sumida la Audiencia Nacional, los magistrados llegan del verano con trabajo pendiente, como la sentencia por el asesinato del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad.

Cabe recordar que el juicio quedó visto para sentencia a principios de julio, y que en él se juzgó tanto al exjefe de ETA Mikel Carrera Sarobe, alias ‘Ata’, y a Miren Itxaso Zaldúa. Ésta última fue puesta en libertad por orden del tribunal tras la vista a pesar de que la Fiscalía mantuvo contra ella la petición de 30 años de cárcel.

Otra de las sentencias que previsiblemente se conocerá al inicio del curso es la del juicio a la rama de Mallorca de Los Ángeles del Infierno. La vista oral concluyó en febrero y el Ministerio Público mantuvo en su informe final la acusación por organización criminal.

El presunto cabecilla de la banda, Frank Hanebuth, defendió la integridad del grupo indicando al final del juicio que no se daba ese delito y que eran «el único club de moteros en el mundo que tiene como base una estructura democrática».