Bruselas urge de nuevo a renovar el CGPJ y exige una reforma «inmediatamente después» del método de elección

BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha avisado de nuevo este miércoles a España de que es una «prioridad» que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al tiempo que ha exigido que «inmediatamente después» de tal renovación se inicie la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno lo realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.

Esta situación plantea a Bruselas «serias preocupaciones», ya que no se ha renovado el Consejo a pesar de la «urgencia» ni se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros.

Así consta en la lista de recomendaciones específicas que el Ejecutivo comunitario dirige a España en su evaluación anual del Estado de derecho en el conjunto de los Estados miembro, un examen que busca ayudar a los países a reforzar su orden democrático.

«Podemos observar una estabilización de la situación del Estado de Derecho en toda la UE, aunque es necesario seguir actuando», ha indicado la vicepresidenta comunitaria para Estado de derecho, Vera Jourova, en una rueda de prensa para presentar los resultados y matizar que este diagnóstico no implica medidas ni sanciones por parte de Bruselas.

Con estas recomendaciones, Bruselas confía en «animar» a los Estados miembro a asumir las mejoras necesarias en sus respectivos sistemas y ayudarles a identificar «dónde es necesario mejorar», si bien se trata de indicaciones no vinculantes sobre las que los servicios comunitarios volverán a analizar han sido tenidas en cuenta en el siguiente informe anual.

Bruselas recuerda que la renovación del CGPJ está pendiente desde diciembre de 2018 y que, desde entonces, «sigue siendo una preocupación» para los servicios comunitarios, que han llamado repetidamente a modificar el sistema de nombramientos para que al menos la mitad de los vocales sean elegidos por los propios jueces.

Asimismo, el informe apunta que están pendientes una reforma del procedimiento penal para abordar la duración de las investigaciones y los procesamientos, y un proyecto de ley sobre los grupos de presión, además de recordar que la reforma de los delitos relacionados con la corrupción introdujo el delito de enriquecimiento ilícito y revisó el de malversación, incluso rebajando las penas en algunos casos, lo que suscitó críticas.

El Ejecutivo comunitario hace suyos los criterios del Consejo de Europa, organismo ajeno a la UE, cuando evoca los «estándares europeos» para que «no menos de la mitad de los miembros sean elegidos por sus pares», como ha resaltado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en rueda de prensa.

Además del problema con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Ejecutivo comunitario ha advertido de que «no se ha avanzado en el refuerzo del estatuto del Fiscal General, en particular en lo relativo a la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía».

El informe recomienda también adoptar la legislación sobre grupos de presión, incluida la creación de un registro público obligatorio y redoblar esfuerzos para hacer frente a los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos a fin de aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel, entre otras cosas, finalizando la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.

Bruselas pide también reforzar las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones de bienes de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel, reforzando el poder sancionador de la Oficina de Conflictos de Intereses y avanzar en el refuerzo del acceso a la información, en particular mediante la revisión de la ley de secretos oficiales, teniendo en cuenta las normas europeas sobre acceso a documentos oficiales.

No obstante, aunque reconoce que la mayoría de los indicadores de eficacia de la justicia han «mejorado», la evaluación de Bruselas apunta que la duración de los procedimientos en el Tribunal Supremo sigue siendo un «problema».

En el plano de la libertad de prensa y el pluralismo mediático, la Comisión considera que la autoridad regulatoria para contenidos audiovisuales en España, es decir, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha visto incrementados sus recursos para reforzar sus operaciones de supervisión y control.