El Gobierno obliga a negociar a empresas y sindicatos el ‘sello’ que reconoce el compromiso con la Igualdad

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno ha aprobado este miércoles en el Consejo de Ministros un decreto por el que obliga a las empresas a negociar con los representantes de los trabajadores el ‘Distintivo de Igualdad en la Empresa’ (DIE) que reconoce a aquellas compañías más comprometidas en esta materia.

Se trata de un texto que modifica sendos decretos sobre este tema aprobados en 2009 y 2015 para, según ha informado el Ejecutivo, «actualizar y mejorar determinadas cuestiones relacionadas con la participación, valoración y el procedimiento para entregar el distintivo, entre otras cuestiones».

De hecho, parte del nuevo texto aprobado este miércoles viene a adaptar el decreto a las modificaciones legislativas que se han producido a través del decreto que regula los planes de igualdad y su registro; y el decreto sobre el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y el de igualdad retributiva entre mujeres y hombres; además, de la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la de Régimen Jurídico del Sector Público.

PLAN CON AUDITORÍA RETRIBUTIVA

Pero también se modifican los requisitos generales para la solicitud del DIE y, por ejemplo, se establecen dos grupos de entidades o empresas candidatas en función de la obligatoriedad de elaborar y aplicar un plan de igualdad; o se establece el requisito de tener vigente y registrado un plan de igualdad, que incluya auditoria retributiva.

En el caso de empresas o entidades no obligadas a elaborar un plan de igualdad, éstas deben disponer de medidas de igualdad depositadas en el registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad o, en su caso, contar con un plan de igualdad voluntario, han explicado desde la Moncloa.

Además, se establece la obligación de presentar una declaración de apoyo a la candidatura, firmada por la mayoría de la representación legal de las personas trabajadoras cuando exista en la entidad o empresa o, en su defecto, por la mayoría de la plantilla y se confiere mayor importancia a la trayectoria en el desarrollo de planes o medidas de igualdad, exigiendo la presentación de un informe de seguimiento que comprenda un periodo mínimo de dos años.

PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO SEXUAL

Del mismo modo, «se valora el disponer de un procedimiento específico para la prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo» o se incorpora el requisito de que «la entidad solicitante no haya sido sancionada con carácter firme, por infracciones graves o muy graves en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad en los tres años anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de candidaturas».

El Gobierno destaca también la novedad de que podrán ser convocados a la Comisión Evaluadora un máximo de dos personas en representación de las organizaciones sindicales y otras dos en representación de las organizaciones empresariales más representativas a nivel estatal.

También se valorará la implantación, seguimiento, evaluación y resultados de las medidas contenidas en los planes de igualdad o en las políticas de igualdad, su carácter integral, la aplicación de medidas de acción positiva, la implantación, seguimiento y evaluación del protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, la desagregación por sexo de los datos, así como la evolución y grado de implantación de las medidas de igualdad y de la situación de las mujeres y los hombres en la plantilla.

Por otra parte, se incluye la obligación de las empresas o entidades distinguidas de notificar al Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, cualquier modificación de las circunstancias que dieron lugar a la concesión del distintivo, así como cualquier incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y hombres, entre otras cuestiones, y se ha de presentar un informe de seguimiento intermedio después de transcurridos dos años naturales desde la concesión del distintivo o de su prórroga.

Finalmente, el nuevo decreto recoge que la vigencia del distintivo pasa a tener una duración de cinco años y se incluye un nuevo supuesto de suspensión, cuando la empresa haya sido sancionada mediante resolución susceptible de recurso por infracciones graves o muy graves en materia de igualdad entre mujeres y hombres hasta la firmeza de la resolución.