La sentencia de Villarejo, el juicio a Camps o la investigación de ‘Pegasus’, frentes de la Audiencia Nacional para 2023

MADRID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) –

La Audiencia Nacional entra en este 2023 con la vista puesta en la primera sentencia del caso ‘Villarejo’, con la continuación de uno de los juicios en los que se desdobla el caso ‘Púnica’ y con las pesquisas abiertas sobre asuntos como el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el software ‘Pegasus’ o como el envío de cartas explosivas a sedes del Gobierno o a la base aérea de Torrejón de Ardoz, entre otros.

Además, el 23 de enero comenzará, después de sufrir retrasos, el juicio al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama ‘Gürtel’, del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009. La Fiscalía Anticorrupción pide que Camps sea condenado a dos años y medio de cárcel.

En el caso ‘Tándem’, donde se investiga si el comisario jubilado José Manuel Villarejo se valió de su posición de funcionario policial para investigaciones privadas, se conocerá la sentencia para las piezas ‘Land’, ‘Pintor’ y ‘Iron’. La vista oral comenzó el 13 de octubre de 2021 ante un tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Ángela Murillo y del que formaron parte los magistrados Fermín Echarri y Carmen Paloma González.

En ‘Iron’ se han analizado los trabajos realizados para el despacho de abogados especializado en propiedad intelectual Herrero&Asociados, que habrían consistido en investigar a un bufete rival formado por antiguos empleados, Balder, ante la sospecha de que les había robado la base de datos.

En ‘Land’, Villarejo habría dirigido sus averiguaciones contra el entorno de Luis García-Cereceda, el fallecido dueño de PROCISA, la empresa promotora de la urbanización de lujo La Finca, por mandato de una de sus hijas, Susana, en el contexto de una pugna familiar por la herencia.

Con ‘Pintor’, habría cumplido el mandato de los hermanos Fernando y Juan Muñoz Támara para encontrar información de un antiguo socio, Mateo Martín Navarro, y el abogado de este último, el ex juez Francisco Javier Urquía, que les permitiera resolver a su favor un litigio fiscal.

EL JUICIO DE LEZO Y PÚNICA

Además, este 2023 será por fin el año en el que se celebre el primer juicio de ‘Lezo’, una causa que se abrió en 2016 y que hasta ahora no se ha materializado en una vista oral con posibles condenas.

Este juicio está señalado para el próximo 24 de mayo y se centrará en la compra de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el año 2001 para determinar si, como sostienen las distintas acusaciones, se pagó un «sobreprecio» a costa de las arcas públicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, envió a juicio a un total de 22 personas, entre los que destacan los ex consejeros madrileños Pedro Calvo y Juan Bravo, antiguos colaboradores del que fuera alcalde de Madrid y presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón.

Para ellos, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena a 7 años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación.

En cuanto al juicio que se viene celebrando desde noviembre de la pieza del ‘caso Púnica’ relativa a León, se espera que en este 2023 ya comparezcan en vista oral los principales acusados. En concreto, se sientan en el banquillo el supuesto ‘conseguidor’ de la trama, el empresario Alejandro de Pedro, y dos excargos del Partido Popular en esa provincia, el expresidente de la Diputación Martín Marcos Martínez y el exjefe de gabinete Pedro Vicente Sánchez.

Se enfrentan a penas de entre 8 y 5 años y medio de prisión por los trabajos de reputación ‘online’ y asesoramiento de Martín Marcos, y por la adjudicación de contratos para la estación de esquí de San Isidro.

Por estos hechos también se acusa al exinterventor de la Diputación Manuel Jesús López Sánchez; al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa y a una empleada de De Pedro, Guadalupe Caballero, además de a las empresas que desarrollaron los trabajos, Eico Online y Madiva Editorial, que habrían recibido unos 90.000 euros de fondos públicos de forma irregular.

EL PROBLEMA DE LOS JUICIOS MULTITUDINARIOS

Un año más sigue sobre la mesa de la presidencia de la Audiencia Nacional el problema recurrente de dónde celebrar macrojuicios cuando la sede de San Fernando de Henares se queda corta de espacio.

Si bien, Justicia anunció en octubre que reformará y ampliará una de las salas de vistas de esa sede para poder albergar la celebración de juicios relacionados con macrocausas con un elevado número de acusados y abogados, lo cierto es que esas obras se prevé que no finalicen hasta agosto de 2023.

Con esta situación, la Audiencia Nacional celebrará desde el 9 de enero en la sede de San Fernando el primer macrojuicio programado, se trata del que sentará en el banquillo a 47 presuntos miembros y colaboradores de una rama de la banda motera ‘Los Ángeles del Infierno’ asentada en Mallorca. Se les imputa más de una decena de delitos, que van desde la organización criminal, al tráfico de drogas o el blanqueo de capitales.

Ya en marzo, y de nuevo en la sede de San Fernando, tendrá lugar el juicio a los 92 miembros de los ‘Miami’. En el auto de procesamiento, el instructor indicó que se trataba de una compleja organización delictiva, liderada por los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón, que introdujo en España para su distribución por Europa al menos 7,5 millones de toneladas de cocaína y blanqueó además las decenas de millones de euros obtenidos con la venta.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 exponía que los hechos cometidos por los procesados, entre los que se encuentra Ana María Cameno, conocida como ‘la reina de la coca’, son constitutivos de un delito continuado contra la salud pública, con sustancia estupefaciente que causa grave daño a la salud, en cuantía de notoria importancia, blanqueo de capitales, delito continuado contra la Hacienda Pública, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y falsificación de moneda, entre otros.

Si bien estos dos macrojuicios ya tienen fecha, fuentes de la Audiencia Nacional consultadas por Europa Press señalan que otros dos juicios, el del caso ‘Nueva Rumasa’ y el de la pieza principal de ‘gürtel’ siguen pendientes a expensas de que las obras finalicen.

PEGASUS Y LAS CARTAS EXPLOSIVAS

Más allá de las vistas orales que celebre la Audiencia Nacional, en los últimos meses han trascendido asuntos que durante este 2023 seguirán candentes en los juzgados de instrucción. En concreto, proseguirá la investigación del espionaje a miembros del Gobierno con el software ‘Pegasus’ y el envío de cartas explosivas.

En el primer asunto, el juez José Luis Calama empezó a investigar el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, una denuncia que fue luego ampliada al confirmarse también la intrusión en el teléfono del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Este mismo magistrado indaga desde el pasado mes de noviembre el envío de una serie de misivas que contenían material pirotécnico. Fueron remitidas al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a la Embajada de Ucrania, a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, a la empresa Instalaza en Zaragoza, a la Base Aérea de Torrejón y al Ministerio de Defensa.