La ministra de Hacienda desconoce la nueva inspección fiscal al rey Juan Carlos, pero confía en la Agencia Tributaria
MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) –
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que desconoce la nueva investigación fiscal que está llevando a cabo la Agencia Tributaria al rey Juan Carlos I, pues considera que es un organismo independiente, pero en todo caso ha dicho confiar «plenamente» en la profesionalidad de sus funcionarios.
En los pasillos del Congreso, Montero ha afirmado que la Agencia Tributaria «es independiente en el desarrollo de sus actividades», pero que confía plenamente en su actuación porque, a su juicio, siempre ha demostrado «su profesionalidad».
La ministra socialista ha indicado que no tiene «ninguna información más» y por tanto no puede confirmar ni desmentir que se esté llevando a cabo dicha investigación, que ha publicado este mismo miércoles el diario ‘El Mundo’.
Según esta publicación, la Agencia Tributaria ha requerido al Rey Don Juan Carlos varias solicitudes de información sobre los gastos derivados en cacerías a las que acudió tras su abdicación como jefe del Estado en el año 2014.
El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de Hacienda reclamó al Rey emérito, durante el último año, solicitudes de información para averiguar el origen de los fondos que sufragaron el viaje y demás gastos de las jornadas cinegéticas a las que asistió entre 2014 y 2018, cuando dejó la Jefatura del Estado y, por tanto, ya no contaba con la inviolabilidad del cargo.
El periódico señala que la Agencia Tributaria persigue ahora conocer si Don Juan Carlos «tuvo un incremento de patrimonio no justificado ante el Fisco desde que abdicó como Rey». Hacienda también le exigiría la justificación en gastos de «menor importe que recibió a título particular», tales como «obsequios simbólicos realizados por empresarios» cercanos a quien fuera jefe del Estado. Los asesores jurídicos del exmonarca han ido justificando las operaciones y contestando a los requerimientos, cuyos importes no superan el umbral de 120.000 euros anuales.
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