23 salmantinos más

Dice el Instituto Nacional de Estadística que somos 23 salmantinos más los empadronados a 1 de enero de 2022 respecto a los habitantes registrados el 1 de julio de 2021. Lo dice el INE, que es un organismo tan serio que su presidente ha tenido que dimitir porque sus datos no le gustan a Pedro Sánchez. Y ya se sabe que quien se atreve a contradecir la ilusión de una España como País de las Maravillas del sanchismo es fulminado por el rayo exterminador del inquilino de La Moncloa.

De lo cual se deduce que es verdad, que Salamanca no solo no ha perdido población, como viene siendo habitual desde hace 14 años, sino que ¡sorpresa! ha recuperado habitantes.

Por desgracia, los expertos coinciden en que no estamos ante un cambio de tendencia, sino ante un buen dato coyuntural. Parece ser que la salida de la pandemia ofrece estos cambios sorprendentes,que no deben despistarnos de la cruda realidad: la crisis demográfica de la provincia salmantina no remite, sino que sigue vigente en todo su amargo esplendor.

Tras el coronavirus, la economía se ha reactivado y el turismo y la hostelería han recuperado vigor, haciendo que la fuga de salmantinos, sobre todo jóvenes, se haya frenado durante el último semestre de 2021.

Han vuelto a Salamanca algunos jubilados, han venido algunos inmigrantes que no podían llegar a Salamanca por las restricciones debidas al coronavirus… todo ello muy coyuntural. A medio y largo plazo nada ha cambiado. Seguimos formando parte de la España vaciada, de la maldita Raya con Portugal, del oeste abandonado y olvidado.

La lucha contra la despoblación es la gran mentira de todos los gobiernos. Hace tres años que el Ejecutivo socialcomunista de Sánchez lanzó su Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico con medidas tan concretas como inexistentes. Fue una campaña de

Imagen para atraer el incauto voto rural y ahí se quedó.

El Gobierno central nunca ha hecho nada, pero el regional lleva décadas adoptando medidas para recuperar habitantes con el mismo resultado: fracaso total.

Desde los tiempos de Juan José Lucas a los de Alfonso Fernández Mañueco, pasando por los de Juan Vicente Herrera, la Junta ha tenido la lucha contra la despoblación en lo más alto de sus prioridades pero su porcentaje de éxito tiende a cero. Todos han caído en la trampa de los planes, los análisis y los observatorios sobre despoblación que, de manera irremisible, han acabado concluyendo que tenemos un problema demográfico. Y ahí se han quedado. Mañueco anunció en la última campaña electoral un paquete de iniciativas contra la despoblación: desarrollo de infraestructuras, rebajas fiscales, incentivos y demás. Todo ello no ha servido y no sirve para nada. Castilla y León perdió 13.000 habitantes el año pasado y encabezó el desastre poblacional en la España vaciada.

¿Son malas las medidas que viene aplicando la Junta? Pues no. ¿Son efectivas? En absoluto. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es doble: por un lado, las ayudas son complicadas y se pierden en el laberinto de la burocracia. Por otro, las subvenciones son rácanas, tímidas, de escasa cuantía. Para repoblar hace falta invertir, y la Junta destina muy poco dinero a subvencionar a los emprendedores para que se instalen en los pueblos y las reducciones fiscales son insignificantes. Lo mismo ocurre con la Diputación de Salamanca y los ayuntamientos. La lucha contra la despoblación adolece de fondos y ni entre todos consiguen que esta tierra sea atractiva para vivir e invertir.

Solo faltaba que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox) dijera que la escasez de nuevos castellanos y leoneses es un problema de ’hipersexualizacion’ de la sociedad. ¿Estamos locos? Con un gobierno así, vamos a espantar a los pocos que se quedan.