Llop alega que nombrar a Delgado fiscal de Sala cuando cese refuerza la independencia de la FGE como pide el GRECO

Asegura que así cumplen con la propuesta del Grupo de Estados contra la Corrupción y que va en la Ley Concursal por estar muy avanzada

VITORIA, 31 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que la decisión de recurrir a una enmienda a la ley concursal para garantizar el acceso a la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo a los fiscales generales del Estado, cuando estos finalicen su mandato, responde al objetivo de «agilizar» una reforma destinada a «reforzar la autonomía e independencia» del Ministerio Público. En este sentido, ha precisado que así cumplen con la petición que hace el Grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) y justifica que se haga en la Ley Concursal por ser la más avanzada en su tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso.

Llop ha defendido este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación en Vitoria-Gasteiz, el procedimiento empleado por el grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados para plantear esta modificación en la ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La ministra ha asegurado que se trata de una medida que no está pensada en exclusiva para la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sino que se trata de un cambio pensado para cualquier persona que pueda desempeñar este cargo.

Además, ha explicado que el hecho de haber optado por tramitar esta reforma a través de una enmienda a la ley concursal –una norma que nada tiene que ver con la regulación de la institución de la Fiscalía– se debe a que el proceso de tramitación de esta ley es el que está «más avanzado» en el seno de la Comisión de Justicia del Congreso.

«La intención es agilizar el trámite administrativo», ha subrayado. Asimismo, y en la misma línea que han mantenido en los últimos días otros miembros del Gobierno y del PSOE, ha afirmado que la decisión de modificar el estatuto de la Fiscalía responde a las propuestas que ha trasladado al Estado español el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa.

Este organismo –según ha indicado– ha recomendado a España que «fortalezca la institución de la Fiscalía y refuerce su independencia y su autonomía». Llop ha añadido que una de las medidas recomendadas se refiere, precisamente, a la conveniencia de «reforzar la independencia de la Fiscalía General del Estado».

«Lógicamente, teniendo en cuenta que la ley concursal es la más avanzada en su tramitación, y con el fin de evitar retrasos, porque estamos siendo observados permanentemente por el Greco, era necesario introducir [este cambio] en la ley que estuviera en un estadío más avanzado; y así lo ha hecho el grupo socialista», ha afirmado.

«REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA»

La ministra ha destacado que el Gobierno de España y el PSOE está «comprometidos con la regeneración democrática y el fortalecimiento de las instituciones», unos objetivos para los que este cambio del estatuto del Ministerio Fiscal era «necesario».

«Era una medida necesaria para que quien sea el fiscal general del Estado, sea la señora Delgado o cualquier otro fiscal que se pueda nombrar, pueda decidir libremente y con autonomía cuando tenga ese cargo; y no deba estar pensando dónde tiene que volver una vez haya terminado su mandado», ha añadido.

El hecho de que, con este cambio, un fiscal general acceda a la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo cuando deje su mandato «garantiza la libertad en la toma de decisiones en cuestiones tan complejas» como de las que se encarga la Fiscalía General del Estado, según ha dicho.

Llop ha añadido que lo que se pretende hacer «es lo que se hizo» con María José Segarra, que fue fiscal general del Estado entre 2018 y 2020, aunque ahora este procedimiento «se eleva a categoría de ley».

La ministra considera que esto es algo «que entiende todo el mundo», incluso quienes «están criticando» la reforma que se pretende llevar a cabo. Asimismo, ha indicado que la modificación propuesta responde al «sentir» manifestado en 2019 «por la propia Fiscalía» y del ámbito judicial.

De hecho, ha recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial «prevé que quienes sean presidentes de sala de tribunales superiores o de audiencias provinciales tengan preferencia frente a cualquier otro juez, durante dos años, para elegir destino».

EVITAR LAS ‘PUERTAS GIRATORIAS’

«Es por el mismo motivo; para garantizar su libertad a la hora de tomar decisiones; para que no se vean condicionados o presionados; y para que se evite cualquier tipo de puerta giratoria, porque se sepa que la salida natural será el máximo rango» de fiscal, ha indicado.

La ministra de Justicia también se ha referido al hecho de que otras recomendaciones del Greco no hayan obtenido la misma respuesta del Gobierno que las relacionadas con la Fiscalía General del Estado.

Llop ha recordado que para determinados cambios, es necesario contar con «mayorías reforzadas» en el Congreso, y ha subrayado que en la actualidad «es difícil conseguir ese consenso político en el ámbito parlamentario».

Por otra parte, ha explicado que se está trabajando para otorgar a la Fiscalía «funciones investigadoras», con lo que «desaparecería», de esa forma, la figura del juez instructor. En este sentido, ha indicado que «una vez tengamos aprobada la ley de enjuiciamiento criminal, tendremos que hacer una reflexión sobre los medios que necesita la Fiscalía».