Alegan que se ha visto vulnerado el derecho de defensa

Fiscalía, acusaciones y defensas solicitaron hoy, en la primera jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra la excúpula de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León por el denominado caso de ‘La Perla Negra’ y la compra de los terrenos del malogrado polígono industrial de Portillo, que la causa sea devuelta al juzgado de instrucción al haberse visto vulnerado el derecho de defensa por no haberse dado traslado completo a las partes de todas las actuaciones previas.

Ical.- La decisión sobre la continuidad del juicio se conocerá este martes, a partir de las 9.30 horas, cuando el tribunal se pronuncie por esta petición y por otras cuestiones previas planteadas por las defensas y que hacen referencia a la prescripción de algunos delitos. En este sentido, los argumentos de las defensas fueron rechazados por el Ministerio Fiscal, que explicó que se trata de un “delito continuado”.

En la fase de cuestiones previas, la mayor de las abogados de los acusados argumentaron que se ha visto vulnerado el derecho a la defensa de sus clientes debido a varias deficiencias y errores en la tramitación de la causa, así como el traslado incompleto de las actuaciones.

Además, también argumentaron que la falta de concreción de la fecha en la que se cometieron los presuntos hechos delictivos está provocando una indefensión de los acusados, a la vez que plantearon la prescripción de algunos de los delitos que se juzgan en la vista.

En total, son doce las personas imputadas en este caso, entre ellos los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años en su conjunto que solicita la Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.

En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de once años de privación de libertad para cada uno de ellos. En su escrito, el Ministerio Fiscal imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.

En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales, y el segundo empresario, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Además, pide seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios y hermanos Francisco y Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

Fraude

La Fiscalía Provincial de Valladolid ha cifrado en más de 23,4 millones de euros el fraude de la cúpula de la antigua Consejería de Economía y Empleo de la Junta en el caso de Perla Negra y la venta de los terrenos de Portillo.

En su escrito argumenta que la actuación de los acusados dio lugar a que la Junta pagara por el inmueble mas de 60,5 millones de euros, cuando su valor no debió superar los 50 millones, y también acusa que se hiciera frente al abono de 9,7 millones de euros correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de la empresa Urban Proyecta.

Respecto a los terrenos de Portillo, el Ministerio Fiscal argumenta que las actuaciones concertadas por los acusados provocaron un considerable incremento en el precio de las fincas, encarecimiento que supuso un sobreprecio de, al menos, 3,3 millones de euros.

Durante las 23 sesiones previstas pasarán unos 90 testigos, entre ellos el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera, que fue solicitado por la defensa del propio Rafael Delgado, así como la ex consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Además, también declararán en la Audiencia Provincial más de una veintena de peritos.