2022, un año con mayor garantía para comprar cualquier producto

El año 2022 ha comenzado con buenas noticias para los consumidores españoles porque ven ampliados sus derechos. Deben saber que todo lo que compren desde el 1 de enero tiene tres años de garantía, en vez de dos como hasta ahora. Esto es posible gracias a la modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, que entró en vigor con el ejercicio. El cambio recoge una de las reivindicaciones históricas de los consumidores, que consideran “un paso adelante” la ampliación del tiempo asegurado en la sostenibilidad y en la reparabilidad de los productos, ya que también hay cambios con respecto al mercado de piezas.

Ya casi es un mantra la frase “cuesta más arreglarlo que comprar otro” que se escucha cada vez que se estropea una lavadora, una nevera o cualquier electrodoméstico, sobre todo. Pero con la modificación de la Ley ahora los fabricantes tienen la obligación de asegurar piezas de repuesto de sus productos en el mercado durante 10 años a partir de la fecha en la que el producto deje de fabricarse, en vez de cinco como hasta ahora.

Los consumidores tienen que tener en cuenta estas ventajas también a la hora de comprar un aparato tecnológico o un vehículo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reconoce que lo tiene claro al respecto. Defiende que los usuarios tienen derecho a reparar los productos, “un gesto básico de consumo sostenible, aunque no siempre se lo ponen fácil”, critica. Por otro lado, la ampliación del plazo de disponibilidad de los repuestos hasta 10 años va en la línea con la Agencia Europea del Consumidor y facilitará la transición ecológica hacia un consumo más sostenible. Otra novedad interesante para los ciudadanos que ha entrado en vigor este año es la normativa en relación a la carga de la prueba: se amplía de 6 meses a dos años el periodo en el que el consumidor no necesita demostrar la falta de conformidad del producto, algo mucho más favorable para ellos.

Otro elemento introducido en la normativa que entró en vigor el pasado 1 de enero es que las garantías se aplican también a productos o servicios digitales. Así, los servicios digitales entendidos como todos los que permitan la creación, el tratamiento, el acceso o el almacenamiento de datos en formato digital deben ceñirse también a la normativa. Esto incluye el ‘software’ de intercambio de vídeos y audio y otro tipo de alojamiento de archivos, el tratamiento de textos o los juegos que se ofrezcan en el entorno ‘online’, las redes sociales, el correo electrónico en línea y los servicios de mensajería instantánea. Sin embargo, de esta regulación quedan excluidos los programas libres y de código abierto, en los que el código fuente se comparte abiertamente y los usuarios pueden acceder libremente al programa.