El peligroso “vaciado” de las cárceles

SIGUE la polémica sobre la responsabilidad del asesinato del niño riojano. Se habría zanjado si, como sugería Pedrojota, “dos por el precio de uno”, hubieran dimitido o hubieran sido cesados (costumbres inexistentes en nuestra democracia), el ministro de Justicia y su enchufado y compañero de curso, el secretario general de Instituciones Penitenciarias. El miércoles me apropié del titular del conocido artículo del locoide Ricardo de la Cierva, publicado en El País cuando el nombramiento de Adolfo Suarez, que calificó de “error, inmenso error”. Plagió don Cierva el histórico artículo del cuerdo Ortega y Gasset, “el error Berenguer”, cuando dicho general -que acabó con la dictadura de Primo de Rivera-, se inventó la dictablanda. (La elegancia de Adolfo hizo que quien le había menospreciado públicamente, acabara de ministro de Cultura en su Gobierno).

Sorprende que nadie haya recordado que Ortiz, juez de vigilancia penitenciaria, fue el asesor jefe de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que siendo también jueza de vigilancia penitenciaria, sostuvo que había que “vaciar” las cárceles. Despoblar las prisiones a la brava. Por entonces era “¡Todos a la cárcel!”, el divertido descalzaperros de Berlanga (donde tiene un papel Chencho Arias, que el día 18 viene al Casino a presentar su último libro). Y Carmena sostenía que ¡a vaciarlas!, como ha aplicado también el actual responsable, Ortiz. ¿Qué se puede esperar de quienes piensan así, e incentivan con pagas extras el vaciado? ¿Desconocían el precedente del indulto colectivo del PSOE en 1982, que disparó la delincuencia? Ha dicho la portavoz del Gobierno que “a veces, los mecanismos no llegan donde llega la maldad”. Pero coño, si era un delincuente de los históricamente no reinsertables; si había avisado de la cornada como los toros marrajos, que tiran gañafones o calamochean; ¡si el Dueso había dicho noooo!…

Insisto en la cuestión porque ayer mismo, mi dilecto José María Hernández, dedicaba aquí su colaboración a la gran María Moliner -en cuyo soberbio diccionario hemos bebido tantas veces-, y su esposo, el prestigioso catedrático de Física en Salamanca Sr. Ferrando, que fueron represaliados por el franquismo, como el joven profesor Esperabé de Arteaga, luego constituyente y una larga lista. No entraron en la cárcel como algunos salmantinos, tan preclaros como el doctor Villalobos (ex ministro de Instrucción en la República), el Juez Segarra y tantos otros, ni afortunadamente fueron fusilados, como los de la espeluznante lista de la tapia de nuestro cementerio. Y también porfío porque LA GACETA publicaba ayer la estadística del Ministerio del Interior sobre criminalidad en Salamanca. Resulta que en los nueve primeros meses de este año, los atracos aumentaron un 17%, los hurtos el 12,7%, y los delitos contra la libertad sexual “se dispararon hasta elevarse casi un 25%”. ¿Por qué? Supongo que porque todos los españoles estuvimos antes aprisionados -léase confinados-, encerrados en los hogares por la pandemia, y de ese modo, escondidas las víctimas en potencia, mal se puede delinquir. Eso explica también el aumento posterior de los delitos por tráfico de drogas. Pero una sencilla aclaración: los reclusos no tienen la calle para delinquir… salvo que se les abra la celda y el pájaro vuele, a veces -como en el trágico suceso de Lardero-, para volver a matar. En Salamanca no sentó ni medio bien que el PSOE nos quitara trenes y nos pusiera un faraónico talego, Topas, con sus etarras y sus delicados permisos a los reclusos, entrando en la apacible Salamanca.

Inexcusable citar el excelente libro de quien fue subdelegado del Gobierno en Salamanca, y jurisperito en la materia, Antonio Andrés Laso, “Concordia en las Cortes y violencia en las cárceles. La transición penitenciaria española”. Relata magistralmente el origen y vida de nuestra Ley Penitenciaria, y concluye que es necesaria su actualización, pero siempre que tenga el mismo consenso que la inspiró. Amigo Antonio, me parece que ahora prima la discordia.