El Ministerio quiere endosarle las travesías al Ayuntamiento de Salamanca sin compensación alguna

El bloqueo por parte de la Dirección General de Carreteras del Estado al nuevo tramo de avenida que el Ayuntamiento proyectaba construir entre las avenidas de Padre Ignacio Ellacuría y Lasalle es solo la última de una serie de trabas que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana viene poniendo durante los últimos años al Consistorio en las actuaciones que quiere acometer en los tramos urbanos y travesías de las antiguas carreteras nacionales que aún son de titularidad estatal.

El Gobierno de Pedro Sánchez también le denegó la autorización para reformar la glorieta partida de la Ruta de la Plata —junto a Carrefour— y dejar una única isleta central. Pese al impacto negativo que suponen para las vistas de la ciudad, el Ministerio ha mantenido en las vías de entrada pórticos de señalización —indicaciones a varios metros de altura— en las travesías, hasta el punto de que en 2016 el Ayuntamiento le costeó al Estado la sustitución de las situadas en Saavedra y Fajardo. Tampoco el departamento de la ministra Raquel Sánchez está facilitando la construcción de una pasarela sobre la circunvalación SA-20 que facilite el paso entre el polígono del Montalvo y El Zurguén.

Las “zancadillas” han llegado hasta el punto de hacer que el Ayuntamiento mueva el radar de Lasalle a dos metros del bordillo, pese a no causar ningún perjuicio a la visibilidad y a que se encontraba a la misma distancia de la calzada que otras muchas señales. Realizar sin previo aviso obras de mantenimiento o reparaciones en la red semafórica de las travesías sin tener en cuenta la afección que pueda suponer para el tráfico de la ciudad, mantener a 40 kilómetros por hora las glorietas que el Estado posee en el núcleo urbano cuando todas las del municipio están a 30, o dificultar el asentamiento de nuevos negocios, como estaciones de servicio, junto a las travesías son otros de los obstáculos que el Ayuntamiento se ha encontrado en los últimos años en las calles que aún son del Estado.

Para acabar con estas fricciones, desde la Demarcación de Carreteras se ha planteado en varias ocasiones al Consistorio que, para acabar con ellas una opción muy factible es que se haga con la titularidad de esas vías, que asuma su mantenimiento, reforma y cuidado. De hecho, es la solución que le ha puesto sobre la mesa tras denegarle el permiso para que el nuevo vial proyectado en Tejares enlace con una glorieta de Lasalle. Abre esa puerta sin ofrecerle ningún tipo de contraprestación a cambio. Pero, para recibirlas, el Ayuntamiento de la capital siempre ha insistido en que antes sean urbanizadas como calles o se le abone el coste de su reforma.

Lasalle, Juan Pablo II, el puente Sánchez Fabrés —tramo entre Lasalle y la glorieta de la Charrería—, el paseo del Progreso, la glorieta de los Vetones y Vacceos y la calle Saavedra y Fajardo, como parte del trazado de la N-620, y las avenidas de Raimundo de Borgoña y Agustinos Recoletos, de la N-630, siguen siendo competencia del Ministerio de Transportes (antes Fomento), aunque ya carezca de sentido que sea así al haber pasado a integrarse en el entramado urbano. De hecho, el artículo 49 de la Ley 37/2015, establece que estas travesías y tramos urbanos deben ser entregados a las administraciones locales “en el momento en el que adquieran la condición de vías urbanas”. Dado que con la circunvalación SA-20 ya existe una alternativa más rápida y cómoda que da continuidad a la red nacional de carreteras, la cesión de esas calles y avenidas sería hoy perfectamente factible.

La misma normativa establece que el Ministerio y las entidades locales podrán convenir lo que estimen procedente para mejorar la conservación y funcionalidad de tales carreteras o tramos de ellas. Y es en este punto donde durante los últimos trece años no se ha logrado llegar a un acuerdo. Al Estado le interesa “deshacerse” de estas vías, y el Consistorio ha mostrado interés por asumirlas desde 2008. Sin embargo, Transportes prefiere no sufragar la reforma y puesta a punto de estas vías antes de cederlas o pagar al Ayuntamiento las compensaciones que antes sí pagaba. Sin embargo, sí lo ha hecho recientemente con el Consistorio de Alcoy (PSOE), donde la cesión de la travesía de la N-340 ha venido acompañada de una inversión estatal de 1,5 millones.