Europa, con la pandemia se minimizan los derechos humanos

Los grupos más vulnerables y marginados fueron sin duda los que más sufrieron discriminaciones, violencias y limitaciones de derechos. Las minorías étnicas y los grupos marginados sufrieron la aplicación discriminatoria de medidas de confinamiento, controles de identidad y multas.

Fuente: Informe de Amnistía Internacional Atreverse a salir en defensa de los derechos humanos durante una pandemia (2020).

Giulia Balzano

Defensora de los Derechos Humanos

El año 2020 ha representado un desafío para la comunidad internacional tras la llegada de la COVID-19 a los hogares de casi todos los países del mundo. La pandemia y las medidas adoptadas tuvieron, y siguen teniendo a día de hoy, repercusiones en toda población y han evidenciado, a veces agravándola, la condición precaria de los derechos humanos.

La región de Europa y Asia Central fue una de las más golpeadas por la COVID-19. Esto hizo que los gobiernos tomasen medidas excepcionales y apuradas que amenazaron un amplio espectro de derechos y revelaron el precio de la marginalización social, la desigualdad y las incapacidades de la clase política para enfrentarse a la crisis sanitaria.

Las respuestas a la pandemia variaron enormemente de un país al otro, así como las disposiciones y calidades de los sistemas sanitarios y la recopilación de los datos; por tanto, también las tasas de contagios y muertes registradas fueron dispares. El colapso de los centros de salud en Europa Occidental descubrió las consecuencias de años de recortes en sanidad pública, así como la falta crónica de recursos en los hospitales de Europa oriental y Asia central. Altas tasas de contagios y muertes se revelaron entre el personal sanitario y de las residencias de ancianos, a veces debido a la falta de EPI suficientes; las mayores tasas de mortalidad del personal sanitario se verificaron en Reino Unido, Rusia, Italia, Kirguistán y España. Las cifras de fallecidos también variaron de unos grupos poblacionales a otros. En muchos países, las cifras entre las personas de color y pertenecientes a minorías étnicas fueron desproporcionadamente altas, debido a los mayores obstáculos para recibir asistencia médica, y a mayores riesgos de salud como consecuencia de la pobreza y la marginalización social.

Los grupos más vulnerables y marginados fueron sin duda los que más sufrieron discriminaciones, violencias y limitaciones de derechos. Durante el confinamiento, el acceso a los servicios de apoyo se volvió más complicado, y muchas víctimas de violencia de género permanecieron encerradas en sus casas con sus maltratadores. Los servicios de aborto se clasificaron como no esenciales en algunas jurisdicciones, así como las terapias hormonales u otros tratamientos para las personas transgénero. En Eslovaquia estuvo a punto de aprobarse una iniciativa que restringía aún más el acceso a la interrupción del embarazo, pero en Polonia se revocó la disposición que permitía a las mujeres abortar en caso de anomalía grave o mortal del feto. Además, en este mismo país, decenas de municipios se declararon «libres de ideología LGBTIQ+», mientras que el parlamento húngaro aprobó leyes limitativas de derechos del colectivo LGBTIQ+.

Las minorías étnicas y los grupos marginados sufrieron la aplicación discriminatoria de medidas de confinamiento, controles de identidad y multas: en Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Francia, Grecia, Hungría, Rusia y Serbia se sometió a «cuarentenas forzosas» a comunidades romaníes y a poblaciones en movimiento. En varios países se retrasaron o suspendieron los procedimientos de acogida de personas migrantes, con el resultado de someterlas a un mayor riesgo para su salud. El caso mas dramático se verificó en el campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, cuyo incendio dejó sin refugio a 13.000 personas. Por otro lado, continuaron las devoluciones en los límites fronterizos, a menudo acompañadas de violencia; los gobiernos de los países del sur de Europa prohibieron desembarcar en sus puertos a personas rescatadas en el Mediterráneo, y países como Italia y Malta, con el apoyo de la Unión Europea, continuaron colaborando con Libia, donde las personas refugiadas y migrantes sufren graves violaciones de derechos humanos.

En Georgia, Rusia y los territorios escindidos de Abjasia y Osetia del Sur/región de Tsjinvali continuaron restringiendo la libertad de circulación de la población civil hacia el resto del país, y al menos 10 personas murieron tras denegárseles el permiso de traslado médico a otras partes de Georgia. Ulteriores restricciones de viaje fueron introducidas entre Moldavia y la región no reconocida de Transnistria, y en Ucrania entre las regiones separatistas y el resto del país, perjudicando así a los grupos más vulnerables. Los conflictos más trágicos tuvieron lugar en el mes de septiembre entre Azerbaiyán y Armenia, en la región secesionista de Nagorno Karabaj. Todas las partes usaron armas pesadas contra zonas civiles densamente pobladas, causando mas de 5.000 muertes, cometieron crímenes de guerra como ejecuciones extrajudiciales, torturas y profanación de cadáveres enemigos, y Armenia empleó municiones de racimo, prohibidas por el derecho internacional humanitario. En Europa occidental, países como Bélgica, Francia, Reino Unido y República Checa continuaron vendiendo armas a Arabia Saudí y EAU a pesar de poder ser potencialmente usadas en el conflicto de Yemen.

El espacio de las ONG y de las personas defensoras de los derechos humanos fue ulteriormente restringido durante la pandemia. Turquía, Kazajistán, Rusia, Kirguistán, así como Bulgaria, Grecia, Polonia y Serbia intentaron silenciar a las ONG a través de campañas de desprestigio o nuevas leyes más restrictivas. Francia y Austria, en el contexto de la lucha contra el terrorismo, disolvieron asociaciones musulmanas por procedimientos problemáticos, mientras los gobiernos de Francia, Italia o Malta, entre otros, obstaculizaban y a veces criminalizaban el trabajo de las organizaciones no gubernamentales implicadas en ayudas humanitarias a personas migrantes.

Muchos gobiernos dejaron suspendidas disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en varios casos durante periodos prolongados. Estados miembros del Consejo de Europa continuaron retrasando el cumplimiento de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o aplicándolas selectivamente. Los estados pueden suspender, en situaciones excepcionales, algunas obligaciones de derechos, a condición de que sean temporales, necesarias y proporcionadas. Pero durante 2020, algunos gobiernos utilizaron la emergencia para limitar desmedidamente las libertades civiles. El derecho a la libre expresión fue restringido mediante nuevas leyes o aplicación de normas ya existentes en al menos quince países de Europa y Asia central, y en algunos casos se abusó del poder de las fuerzas del orden para reprimir el desacuerdo hacia las medidas adoptadas por los gobiernos. La independencia del poder judicial se vio socavada por el poder ejecutivo, comúnmente tras iniciar actuaciones disciplinarias contra miembros de la judicatura o interfiriendo en su trabajo, como en Polonia, Hungría, Turquía, o violando el derecho a un juicio justo, como sucedió en Rusia y Bielorrusia.

Sin embargo, a pesar de los recurrentes desacatos hacia los derechos humanos efectuados por esta gran parte de países del mundo, se han dado avances en paralelo en la misma materia. Una noticia positiva del año 2020 fue que la UE y sus estados miembros dieron algunos pasos importantes para impulsar la política de los derechos humanos, como la adopción de un nuevo plan de acción sobre ellos, y la Comisión Europea inició las conversaciones sobre un nuevo pacto de migración y el proyecto de una ley que obliga las empresas a respetar los derechos humanos y las normas medioambientales.