Una cuestión de dignidad

La defensa del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca nunca ha sido una cuestión de catalanofobia, ni de integrismo charro, ni de nacionalismo español. A Salamanca no le va la vida, ni la hacienda, ni se juega el futuro de sus hijos en esta batalla que dura ya 26 años y que los separatistas y supremacistas de la Generalidad van ganando por goleada. Es tan solo una cuestión de dignidad.

Es nuestro honor y nuestra honra lo que pisoteó, con nocturnidad y alevosía, el pasado día 9 de este mes el Gobierno de Pedro Sánchez, arrancando otros veinte mil documentos del Archivo para satisfacer la voracidad de los golpistas catalanes. Es ese atropello de nuestra dignidad como ciudadanos iguales lo que nos subleva, lo que nos reconcome y ya nos toca bastante demasiado las narices.

No son tiempos para salir a las calles de Salamanca en defensa del Archivo, ni está el horno para bollos. En realidad, hace muchos años que la indignación que llevó a manifestarse a decenas de miles de salmantinos en 1995 y 2005 ha dado paso a una cierta resignación colectiva, aunque de uno en uno nos sigue arañando las tripas que los hijos (putativos) del Gran Defraudador (Pujol) y el resto de delincuentes asociados a la Generalidad continúen rapiñándonos los papeles al peso, por paletadas.

Estoy convencido de que a Pere (Pera) Aragonés, Oriol Junqueras y el resto de actuales y futuros presidiarios catalanes no les interesan un comino los documentos de la Guerra Civil. Si acaso como guía para embarcarnos en otra. Las actas de constitución del primer gobierno catalán y el resto de testimonios relevantes se los llevaron de la primera tacada, allá por 2005, y los repartieron a voleo hace tiempo. Los saqueos ahora los hacen solo para fastidiar, para demostrar que son superiores, o eso creen.

Sánchez se limita a pagar con legajos salmantinos el precio de los votos separatistas que sostienen a su Gobierno Frankenstein. Sabe del carácter pacífico, a veces rayano en la docilidad, de los salmantinos y de los castellanos y leoneses. Aquí no amenazamos y chantajeamos a quien nos agrede, al contrario de lo que ocurriría a la inversa si fuera la Junta de Alfonso Fernández Mañueco la que estuviera recuperando los tesoros castellanos exhibidos ahora en museos como el del saqueador Frederic Marés en Barcelona (doscientas piezas de gran valor arrebatadas/compradas casi todas a la Iglesia de las nueve provincias).

Aquí se ha cabreado el alcalde, Carlos García Carbayo, y ha asegurado que no descarta «ninguna acción», pero de momento se ha limitado a anunciar el envío de una carta al ministro de Cultura. Misiva sobre cuyo uso ministerial caben las peores especulaciones. También se ha unido el Ayuntamiento charro a la asociación Salvemos el Archivo que continuará su pelea judicial para que retornen más de 400.000 documentos que la Generalidad retiene ilegalmente.

Más suave en las formas, si cabe, ha sido el consejero de Cultura Javier Ortega, que se ha limitado a anunciar que solicitará “en los términos más educados posibles, una reunión del Patronato (del Archivo) para que nos informen…”, añadiendo que el traslado del pasado día 9 “responde a la legalidad”.

De los socialistas que podrían presionar al Gobierno para que frene el expolio, como Luis Tudanca, Fernando Pablos o José Luis Mateos, nada se sabe.

¿Puede ser legal un expolio como el que está destruyendo la unidad del Archivo y que contraviene los principios de la Unesco y de la más elemental ciencia archivística? Pues sí, porque así lo aprobó en 2005 el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con el apoyo de toda la calaña nacionalista. Tan legal ha sido el traslado en estos últimos dieciséis años de 1,5 millones de documentos como ilegal es que los separatistas retengan los más de 400.000 legajos que carecen de dueño conocido y cuya devolución han exigido en varias sentencias tanto el Supremo como el Constitucional.

Así que seguirán pisoteando la dignidad de Salamanca mientras Sánchez necesite el apoyo de los golpistas catalanes. Es lo que hay.