El peaje

Hay quien ve en este gobierno una fijación con la novelada Segunda República. Yo los veo más bien atascados en estructuras de pensamiento del medievo. Y no me estoy refiriendo solamente a las ocurrencias medievales aplicadas contra la pandemia, tan lejanas de las posibilidades que ofrecen hoy la tecnología 5G, la gestión multidisciplinar o los avances en genética, que también, sino a tics de la Edad Media como su percepción de la sociedad dividida en castas, el uso de los impuestos como derecho de pernada de los gobernantes o la predicación de los mandamientos del género y la religión de la igualdad como la nueva Jerusalén. Sólo falta en los discursos de Sánchez algo más de clamor por las cruzadas para liberar el clima, pero todo se andará. Y el último y alarmante descubrimiento de Ábalos, directamente sustraído de la caja de herramientas feudales, es el de los peajes.

En el documento que ha enviado a Bruselas, en el que da cuenta de cómo planea España afrontar la crisis, adelanta “la revisión de la financiación de las vías de alta capacidad” y el “establecimiento de un nuevo sistema de ingresos”. Total, que ha redescubierto el portazgo. Por cada uno de los 302 kilómetros de autovía que tenemos en Salamanca, Ábalos quiere meternos mano en el bolsillo en un flagrante caso de doble imposición, porque las carreteras ya fueron pagadas con el dinero de nuestros impuestos, ¿cierto? En pleno siglo XXI, no es capaz de dilucidar más allá de los peajes. Y el hecho de que lo aceptemos sin piar no es aquiescencia de rebaño, sino gregaria estupidez.

El portazgo, era un antiguo impuesto de naturaleza indirecta, existente en los reinos de Castilla, Aragón y Navarra que podía gravar los derechos de tránsito, que satisfacían los que iban de camino, pisaban terreno del rey o del señor, o entraban en la ciudad. El caso es que los reyes del siglo XI ya cayeron en la cuenta de que los portazgos y aranceles eran contraproducentes a las necesidades de la repoblación, tras la Reconquista, una deducción gruesa y puntual que desembocó a finales del medioevo en el mercantilismo y el Estado Moderno. Los señores o reyes tendían a eliminar por ello el portazgo mediante la concesión de privilegios de franquicia, de manera que las exenciones del pago de derechos de esta índole son las declaraciones regias más usuales entre la documentación de Alfonso VI, por ejemplo. El Concilio de Palencia de 1129 así lo dejó establecido y el asunto mantuvo ocupados a los monarcas desde Alfonso VII hasta Carlos I, con mención especial a la exención general a los mercaderes de Alfonso X en 1281. El rey sabio fue también, por cierto, el que eximió de estos pagos a la Universidad de Salamanca. Ábalos pretende ahora devolvernos, por tanto, al más oscuro de los tiempos, en el que los gobernantes se arrogaban sin consideraciones el derecho de cobrar por pasar, aun a sabiendas de que con ello condenaban a los territorios al retraso y la despoblación.

En un contexto de España vacía, como el actual, lo que Ábalos propone tiende a sentencia de muerte. Nuestra economía depende directamente de que nuestro territorio sea accesible y de unas comunicaciones suficientemente fluidas. Posiblemente consciente de la desfachatez de su proyecto, ha añadido que pueden quedar eximidos quienes requieran la autovía para ir a trabajar, pero no las empresas que se benefician de las infraestructuras. ¿Acaso las empresas no pagan ya impuestos? ¿Y el turismo? ¿Y acaso no se construyen las infraestructuras precisamente para eso, para que nos beneficiemos de ellas?

Ábalos no quiere escuchar que lo que Bruselas está pidiendo a España no son peajes, sino una reducción significativa del paro, del déficit de las pensiones y de la fragmentación del mercado interior, problema este último que agravarán sin duda los peajes. Y el principal obstáculo para recibir los fondos europeos, que tanta falta nos hacen, es que el socio menor del consejo de ministros no está dispuesto a firmar esas reformas. Ese es el auténtico peaje que estamos pagando por llevar a Podemos al gobierno. Lo más indicado en esta situación sería un pacto de Estado entre los grandes partidos sobre las reformas y para la recuperación post pandemia, lo que nos devuelve al requisito de restar polarización y entender de una vez por todas que navegamos juntos en el mismo barco, al menester de una agencia independiente que gestione el reparto de los fondos europeos y, en nuestro caso, a la urgencia de dar prioridad a la fijación de población en los pueblos y ciudades salmantinos, más perentoria si cabe que en tiempos de la Reconquista.