Acusan a la Junta de hacer «caja con la dependencia”

 Acusan a la Junta de hacer «caja con la dependencia”


 

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León acusan a la Junta de “haber hecho caja con la dependencia” al haber reducido la aportación de fondos propios en 14 millones aprovechando el incremento procedente del Gobierno, lo que permitió el aumento del presupuesto en un once por ciento.

ICAL. Sustentó su valoración el Grupo Parlamentario Socialista en el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que “para esta Comunidad es como palabra de Dios por las altas notas que siempre daba” pero que, en esta ocasión, informa que la Junta bajó su aportación hasta ocupar “el último lugar” en prestación por persona dependiente.

Así lo señaló la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Familia de las Cortes, Isabel Gonzalo, al apuntar que, según el informe, Castilla y León se encuentra entre los once gobiernos autonómicos que “hicieron caja en 2021 con el incremento en los Presupuestos Generales del Estado para la dependencia”, aprovechando esos fondos para “aliviar las arcas autonómicas en vez de dedicar ese dinero a aumentar las cuantías a las personas dependientes”.

Por ello, para Gonzalo el informe “solo se puede traducir de una manera: el Gobierno de España aumenta el dinero destinado a la dependencia en 600 millones de euros, y la Junta baja su aportación para ahorrar a costa de los dependientes de la Comunidad: las personas más vulnerables, que continúan recibiendo cantidades ridículas e insuficientes”.

En concreto, la procuradora socialista señaló que, según el informe, Castilla y León dedica a cada dependiente una media de 6.599 euros frente a los 8.195 euros de la media española. Un salto de más de 1.500 euros que se multiplica hasta casi el doble en relación al País Vasco, que destina 12.831 euros de media.

“El informe dice que comunidades como Castilla y León mantienen niveles de gasto difícilmente compatibles con unos servicios adecuados para las personas dependientes”, continuó esgrimiendo Gonzalo, que también recordó que en los primeros meses de 2021, 812 personas fallecieron “esperando que la Junta reconociese su situación de dependencia”. Motivos todos ellos por los que reclamó al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, que “se ponga a trabajar” en vez de “insultar y ofender a las personas con discapacidad”.

2020 – 2021

Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aludió a los 30 millones de anticipos destinados en el año 2020 a los conciertos y las familias con personas dependientes para explicar el descenso en la aportación media del año 2021 que señala el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

En la rueda de prensa ofrecida por Carriedo tras el Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta recordó que el Ejecutivo autonómico decidió en 2020 pagar de forma anticipada “15 millones de euros en materia de conciertos y otros 15 millones en ayudas directas a las familias”, sumando un anticipo de 30 millones de euros que, al pagarse antes, no figura entre las cantidades abonadas en 2021.

Carriedo explicó asimismo que el propio informe reconoce que Castilla y León está “entre las comunidades que más pronto reconocen el derecho a la dependencia” y que, el hecho de que se pague “mes a mes”, fomenta que aquellas otras comunidades que tienen más retraso en el reconocimiento, y pagan “en meses concretos” cantidades mayores a las personas dependientes, aparezcan por encima de la Comunidad castellana y leonesa en 2021.

Por todo ello, el portavoz de la Junta consideró “oportuno” valorar de manera conjunta los años 2020 y 2021, dado que de esta manera Castilla y León “sigue estando entre las comunidades con mayor nivel de pago y más rápido”, a pesar de que en 2021 “alguna familia pudiera recibir menos” como consecuencia de haber recibido anticipos en 2020.

Negó así Carriedo la acusación del PSOE de que la Junta estaba “haciendo caja” aprovechando la aportación del Gobierno. “Todo lo contrario”, defendió Carriedo, reiterando el adelanto de 30 millones de euros del año 2020 así como los 20 millones de recursos propios otorgados a esta cuestión, lo que demuestran el “compromiso claro de gestión de la dependencia en la Comunidad”.

También señaló el portavoz del Gobierno autonómico que el superávit generado estos dos años no se debe a los fondos otorgados por el Ejecutivo nacional para la dependencia, sino que son consecuencia de “ser capaz de bajar los impuestos, mejorar los servicios públicos y tener un nivel de deuda bajo”.





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