Esta incapacidad política para el acuerdo es una irresponsabilidad que los descalifica a todos, a cada uno según su nivel de responsabilidad

Soy médico lo confieso, no soy político, ni abogado, ni juez. Como lego en materia jurídica no entiendo las razones que pueden existir para no haber realizado, al comienzo de la pandemia, las modificaciones legislativas oportunas para poder enfrentarla con los recursos legales necesarios. Alguien debió prever lo que podía suceder y adelantarse, aunque solo fuera por una vez, a lo que se nos venía encima.  Ahora, transcurridos casi dos años y teniendo presente lo que ha sucedido y está sucediendo, lo entiendo mucho menos: ¿Empecinamiento? ¿Incapacidad? ¿Sesgo ideológico? ¿Mala fe? ¿Cálculo político oportunista? ¿Dejadez?

Como ciudadano me resulta mucho más incompresible aún que, si existían dificultades de cualquier tipo (que los simples mortales no alcanzamos a comprender) para hacer los cambios, no se hayan resuelto desde el punto de vista político mediante un gran acuerdo nacional de todos los partidos refrendado en el Congreso de los Di(s)putados. La incapacidad de los políticos para hacerlo demuestra no solo su baja capacitación profesional, baja capacidad política en suma, sino su ineptitud para dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos y, en lo referido a la pandemia, su desprecio por las vidas que podrían haberse salvado con dicho acuerdo, ¡que van cerca de 85.000 muertos señores!

Esta incapacidad política para el acuerdo es una irresponsabilidad que los descalifica a todos, a cada uno según su nivel de responsabilidad, al gobierno y a la oposición, a todos sin excepción y sin ningún tipo de disculpa, y no permite tener esperanza de que cambien o se vayan a su casa y “sean su contrario” de que los podamos echar los ciudadanos en periodos entre elecciones (este es el déficit democrático del sistema, del que ellos se aprovechan, para seguir en los sillones que okupan y continuar cobrando sueldos suculentos).

Respecto de los jueces podría decir otro tanto. Ya he comentado en columnas anteriores que, ante la variabilidad jurídica interindividual e intertribunales, más valdría que sus órganos de gobierno, que también okupan, o el propio Ministerio de Justicia en su defecto, empezaran a organizar cursos intensivos de “homogenización de criterios”. Es una práctica común en muchos otros sectores que trabajan con incertidumbre: desde la medicina, con las guías de práctica clínica como solución (que tanto valoran los jueces en las demandas), hasta el fútbol, donde incluso los árbitros se recertifican periódicamente. Quizás tampoco estaría mal que su carrera profesional contemplase la necesidad de recertificar su capacitación cada cierto tiempo.

La selva jurídica en la que se desenvuelven las comunidades autónomas, obligadas a solicitar permiso a los jueces para poder tomar medidas restrictivas sobre derechos de las personas y sometidas al arbitrio de jueces, que toman determinaciones contradictorias en cada comunidad, es una aberración política y jurídica de tal calibre que excede la capacidad de mi cerebro para entenderlo (y me temo que del cerebro de la mayoría de los españoles). Muchas lo han pedido, entre ellas la consejera de Sanidad de Castilla y León Verónica Casado, que reivindicaba hace unos días en Salamanca una Ley de Pandemias.

No disponer de la herramienta jurídica necesaria, o interpretar de forma tan diferente las existentes, demuestra que ni unos ni otros (políticos o jueces) han asumido que se trata de una pandemia producida por un virus, un agente infeccioso que se transmite y mata sin esperar consideraciones de otro tipo y que, por tanto, exige de los instrumentos necesarios para cortar su transmisión inmediatamente. Quizás si se les ingresara a todos ellos en alguna UCI gigantesca, o en el propio Zendal, hasta que se pusieran de acuerdo, sería más fácil el consenso, pero al margen de esta boutade, los ciudadanos no debemos cansarnos de repetir en público que son unos incompetentes. Nos va la democracia en ello.

Hace unos días el vicepresidente de la Junta de Castilla y León Francisco Igea hacia unas declaraciones en las que refiriéndose a la situación creada por la quinta ola decía: “somos idiotas por no implementar medidas efectivas para evitar más contagios”. Yo no lo habría dicho mejor.