Prisiones cifra en un 13% las decisiones favorables a presos de ETA tomadas sin el aval de las juntas de tratamiento

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) –

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha cifrado en el 13% las decisiones sobre presos de ETA que ha adoptado el organismo dependiente del Ministerio del Interior sin coincidir con el criterio de las juntas de tratamiento de las cárceles, una cifra «exactamente» igual que en el resto de condenados con privación de libertad.

Las explicaciones las ha ofrecido Ortiz en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso ante las reiteradas preguntas de PP, Ciudadanos y Vox sobre la política penitenciaria acerca de los presos de ETA desde la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez.

El secretario general ha rechazado aplicar un trato diferente a los presos de ETA, al sostener que la ley no permite hacer esta diferenciación por tipo de delito. También se ha detenido en el papel de las juntas de tratamiento, los órganos colegiados con técnicos del ámbito penitenciario que proponen cuestiones como el traslado de prisiones, algo que es potestad de Instituciones Penitenciarias.

Desde junio de 2018, fecha en la que llegó Sánchez a Moncloa y Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior, las juntas de tratamiento han resuelto 1.740 propuestas en «materia de condenados por delitos de terrorismo», de las que 1.050 han requerido resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como centro directivo.

Según los datos de Ortiz, de estas 1.050, el 86% (904) se han resuelto por Instituciones Penitenciarias de «manera idéntica» a las juntas de tratamiento, y en aproximadamente un 13% (146) «se ha modificado el criterio» al no ser coincidentes. «Es exactamente el 13% en otro tipo de delitos; estamos aplicando los mismos criterios jurídicos y la misma interpretación que con el resto de delitos», ha enfatizado.

«No hay ninguna decisión judicial en contra por ninguno de los traslados», ha continuado Ortiz, que ha explicado que son los juzgados de lo contencioso-administrativo –y no los jueces de vigilancia penitenciaria– quienes tendrían que resolver en el caso de recurso sobre la decisión de la administración a la hora de elegir la cárcel, algo que, según ha dicho, cumplen por exigencia del artículo 12 de la ley orgánica penitenciaria.

«LUZ Y TAQUÍGRAFOS» FRENTE AL PP

El secretario general ha recordado que las propias asociaciones de víctimas del terrorismo han reconocido que Fernando Grande-Marlaska es el primer ministro del Interior que les informa de traslados de presos de ETA y también beneficios penitenciarios como el tercer grado o la libertad condicional, subrayando que es en estos últimos casos donde la ley requiere el arrepentimiento del preso y la colaboración con la Justicia, de ahí que se tengan en cuenta las cartas y escritos de los condenados.

Tras mostrar su «profundo respeto por todas las víctimas» y recordar que tiene una carrera como juez de 44 años, Ortiz ha respondido a las críticas del PP, que ha hablado de «pacto ignominioso» de Sánchez con sus socios de Gobierno. Lo ha hecho citando a etarras como Domingo Troitiño, Iñaki Arakama o Iñaki Bilbao, todos ellos acercados de prisión por gobiernos del PP.

En concreto, ha cifrado en 803 los presos de ETA que fuero trasladados de prisión en los dos periodos de gobiernos del PP –entre 1996 y 2004 y, luego, 2011 y 2018–. «La diferencia entre lo que hacían ustedes y ahora es que entonces no informaban a la opinión publica ni a las víctimas, nosotros sí, con luz y taquígrafos; y que entonces ETA mataba y ahora lleva más de once años sin hacerlo», ha sostenido.

A petición de Ciudadanos, Ortiz se ha mostrado partidario de abrir la justicia restaurativo a víctimas de ETA, pero advirtiendo que estos encuentros con los presos son voluntarios y hay que abordarlos con «delicadeza». «Nunca haremos excepciones en esta materia», ha indicado.

LEY DE CUERPOS Y AGENTES DE AUTORIDAD

El secretario general de Instituciones Penitenciarias ha encuadrado en la «normalidad» el traspasado de las competencias en prisiones al País Vasco para que sea el Ejecutivo autonómico –como hace ya Cataluña– quien aplique la normativa penitenciaria.

También se ha mostrado partidario de llevar al Congreso «cuanto antes» la nueva ley de cuerpos para los funcionarios de prisiones, motivo por el que varios sindicatos se han vuelto a concentrar este jueves frente a la institución dependiente del Ministerio del Interior.

En este sentido, se ha referido a la demanda de reconocer a los funcionarios como agentes de la autoridad a partir de un estatuto propio. Según ha explicado, esto mismo ocurre ya ocurre en el 90% de las agresiones en las que son reconocidos por los tribunales como agentes de la autoridad.

Para el 10% restante de casos, ha dicho, su apuesta es que esto «se corrija», entre otras cosas porque desde el punto de vista legal se han hecho correcciones para que perciban la indemnización de forma directa, sin esperar a la declaración de insolvencia. La nueva ley de cuerpos, de hecho, buscará blindar esta cuestión, según ha expuesto al Congreso.

En 2020 se produjeron, según sus datos, 175 agresiones, de ellos 120 leves y 51 sin lesiones, por cuatro considerados graves. En 2019 y 2018 se contabilizaron 223 agresiones en los centros dependientes de la administración central.

Ortiz ha pedido que las comunidades autónomas acepten las competencias en materia sanitaria, reconociendo que la enfermedad mental es el aspecto que actualmente más preocupa a la institución. En este sentido, ha señalado que se han tramitado cambios en los dos hospitales psiquiátricos dependientes de prisiones, en Sevilla y Alicante.

No obstante, ha sostenido que los datos muestran que hay razones para estar «orgullosos» del sistema penitenciario español, remitiéndose al último Informe Space del Consejo de Europa, que muestran que las españolas están entre las cárceles menos ocupadas y las que menor mortalidad registran, aunque superando la duración de las condenas sobre la media europea.