No recuerdo ninguna ocasión en que diputados del PP o PSOE se hayan unido y enfrentado a sus ejecutivas para defender los intereses de Castilla y León

España es un estado asimétrico compuesto por nacionalidades históricas y regiones autónomas que coexisten en un equilibrio precario. Los partidos políticos conforman dos bloques bien diferenciados: nacionalistas y estatales. Los primeros defienden por encima de todo el interés de sus propios territorios y los partidos estatales, que necesitan a los primeros para poder gobernar, están sometidos a las exigencias, cuando no chantajes, de aquellos que son quienes de verdad marcan la agenda política y determinan las decisiones del gobierno de España. Así ha sido prácticamente durante todo el periodo democrático, excepto cortos periodos de tiempo en los que PP o PSOE han obtenido mayoría absoluta, experiencias que tampoco invitan a repetir por la forma en la que se ejercieron esas mayorías por dichos partidos.

Las regiones con estatuto de autonomía, de primera división como Andalucía (artículo 155), o de segunda división como Castilla y León (artículo 143), no tienen voz propia en el Congreso de los Diputados, puesto que su representación inmensamente mayoritaria la conforman los partidos estatales y, por lo tanto, sus diputados están sometidos al dictado y a la disciplina de las ejecutivas nacionales correspondientes. No recuerdo ninguna ocasión en que diputados del PP o del PSOE se hayan unido y enfrentado a sus respectivas ejecutivas para defender los intereses de Castilla y León. Un buen ejemplo es lo sucedido con los papeles del Archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, con posturas contrapuestas de PP y PSOE dependiendo de estar cada uno de ellos en el gobierno (con los votos nacionalistas de apoyo) en un momento dado o en la oposición en otro momento.

Es por ello que estas autonomías están en inferioridad de condiciones respecto de las nacionalidades históricas y uno echa de menos la existencia de partidos de derecha como el PNV o CIU, o de izquierdas como el BNG, capaces de defender los intereses de Castilla y León por encima de la obediencia sumisa y, quizás por ello, tampoco tengo en gran estima este estado autonómico asimétrico en derechos y obligaciones que relega a Castilla y León a segunda división.

Mucho se viene hablando de la reforma de la Constitución, un tabú para muchos,  pero he oído poco hablar de mecanismos democráticos que permitieran compensar estas desigualdades territoriales, más allá de un lavado de cara del Senado, como podría ser la reforma de los distritos electorales y la elección uninominal de diputados de distrito, una tradición anglosajona que permite conocer mejor a los candidatos, les confiere mayor independencia frente a sus partidos y les obliga, si son elegidos, a estar a pie de distrito durante toda la legislatura, incluso con una oficina abierta para recibir las quejas y reivindicaciones de los ciudadanos. Un sistema que también tiene sus inconvenientes y generalmente beneficia el bipartidismo, pero que sin duda “ata” más al diputado electo a sus electores. Seguramente existen otros modelos de organización política menos asimétricos y doctores tiene la iglesia para opinar al respecto, pero cualquier reforma debería tratar de corregir el desequilibrio de representación territorial.

Recordar este 23 de abril el estatuto de autonomía de Castilla y León me trae a la memoria los primeros años de lucha por la autonomía, las manifestaciones multitudinarias en la campa de Villalar y el grito de “Castilla entera se siente comunera”, como una reivindicación de futuro para esta región y de reclamación de igualdad de derechos respecto de las nacionalidades históricas. La institucionalización de la fiesta alejó de Villalar a los primeros manifestantes que daban a la cita en la campa un aire reivindicativo del que ya no queda nada.

Un buen símbolo de todo ello es el exilio del busto de Francisco Maldonado en la glorieta del Alto del Rollo, como recordaba el pasado domingo en su columna de La Gaceta Santiago Juanes, busto desterrado de la Plaza de Los Bandos en 2004,donde estaba originalmente, por decisión del Ayuntamiento de Salamanca regido por Julián Lanzarote, aunque esta, la plaza, mantiene por ahora el nombre que recuerda a la revuelta comunera.