Las fotocopiadoras de la polémica en Peñaranda

 Las fotocopiadoras de la polémica en Peñaranda


El proceso de cambio en el Centro de Desarrollo Sociocultural tras su donación al Ayuntamiento en el año 2018 por parte de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez parece que se está dilatando más de lo previsto en cuanto a las facturas de suministros, algunas de las cuales siguen sin aparecer a día de hoy a nombre del Consistorio, tal y como ha puesto de manifiesto el Partido Popular.

El PP aportó diversos documentos para denunciar las irregularidades en pagos del año 2020 relacionados con el Centro de Desarrollo Sociocultural que siguen figurando a nombre de la antigua empresa gestora y “por tanto, la forma de realizar dichos pagos no se hace conforme a las normas que han de regir en un ayuntamiento”, explicaron desde el grupo Popular.

En el último pleno, el PP pidió explicaciones sobre el pago de facturas por un importe total de 8.682 euros correspondientes a gastos de electricidad, telefonía y el contrato de ‘renting’ de dos fotocopiadoras que curiosamente se hizo a finales de 2019 con una vigencia de 60 meses y el convenio con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez ya no se renovó con el Ayuntamiento apenas dos meses más tarde. “En dicho contrato no existe vinculación alguna con el Ayuntamiento, figura a nombre de una empresa privada y se ha abonado un importe de 3.636 euros referido a las cuotas del ‘renting’ de las dos fotocopiadoras de todo el año 2020”, afirmó la portavoz del PP, Carmen Familiar.

La explicación obtenida del equipo de Gobierno de que dicho renting se hizo en su día por la empresa que gestionaba el Centro de Desarrollo “porque era más económico” y es mejor mantenerlo así hasta su finalización tampoco convence al PP que contradice a la alcaldesa, Carmen Ávila, al asegurar que el ‘renting’ de las dos fotocopiadoras lo ha pagado el Ayuntamiento en su totalidad el año pasado y que una de las máquinas se encuentra en la empresa privada. “Esta situación sólo puede ser producto del desconocimiento y de una falta de responsabilidad en la gestión en la que se están mezclando intereses privados con la actuación pública contraviniendo las reglas de pago que han de regir en cualquier administración pública”, reitera el PP.



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