El hotel Monterrey de Salamanca se convertirá en pisos y un parking de cuatro plantas con 90 plazas

En un pleno con 16 mociones, algunas de ellas consensuadas por todos los grupos políticos del Ayuntamiento, y varias de ellas con contenidos bastante propensos a la polémica, el asunto que más discusión generó ayer en la Sala de Ensayos del Palacio de Congresos, donde se celebran ahora las sesiones plenarias a cusa de la pandemia, fue uno de los puntos del orden del día, también polémico, como casi todos los que tienen que ver con el urbanismo en la ciudad de Salamanca.

Así, el pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para el cambio de protección del edificio Hotel Monterrey, en pleno centro de la ciudad y a pocos metros de la Plaza Mayor, que permita las actuaciones que le den un nuevo uso residencial y también posibiliten la construcción de un aparcamiento subterráneo, supuestamente de cuatro plantas, y con capacidad para 90 vehículos.

La medida con el apoyo de los grupos Popular y de Ciudadanos, que conforman el equipo de Gobierno municipal, además del concejal no adscrito Ricardo Ortiz, con la abstención de los ediles socialistas y el voto en contra de las dos representantes del Grupo Mixto, la concejala de IU, Virgina Carrera, y la integrante de Podemos, Carmen Díez, que justificaron su decisión en que la medida no buscaba el interés general de la ciudad, sino el particular de la empresa propietaria del edificio.

La modificación de protección estructural a medioambiental permitirá conservar la fachada del arquitecto Francisco Gil y modificar inicialmente el contenido interior para que la disposición de habitaciones por su antiguo uso de hotel pase a ser de viviendas, unas 70 según se informó ayer en el pleno, con plazas de garaje en la parte baja.

Tras el intenso debate entre las portavoces de los dos partidos del grupo mixto y los de los dos que integran el equipo de Gobierno, y anytes de que se procediese a la votación, el alcalde, Carlos García Carbayo, tomó la palabra la palabra para intentar explicar que la intención es «dar uso al edificio para que se puedan construir viviendas con una dotación razonable que puede ser la que se ha presentado», en referencia al mayor número de las plazas de aparcamiento que ha sido uno de los motivos de discrepancia entre los grupos.

«Esta intervención urbanística en ningún caso va a suponer la multiplicación de plazas de aparcamiento en el centro de la ciudad ni el consiguiente negocio lucrativo sobre las mismas», añadió el regidor municipal.

Previamente, el concejal de Fomento e integrante del PP, Daniel Llanos, y el portavoz del Grupo de Ciudadanos, Fernando Castaño, mostraron su apoyo al cambio para dar un nuevo uso al edificio, que estaba sin actividad, y han insistido en los informes favorables de los técnicos por un grado de protección hasta ahora «excesivo e innecesariamente restrictivo» que impedía dar un nuevo servicio con el mantenimiento de su fachada.

Por su parte, el concejal del PSOE, Álvaro Antolín, mostró su respaldo a dar «una segunda vida» al edificio, después de destacar el «innegable valor» de su fachada, pero ha destacado la necesidad de ser «garantistas» con el proyecto para proteger elementos que puedan ser de valor y para que las plazas de aparcamiento sean para los residentes y no para hacer negocio.

El voto en contra fue de las ediles Carrera y Díez, quienes han hecho hincapié en el «buen estado» del inmueble, que cambiará por un proyecto en el que «no se justifica el interés general», además de criticar las plazas de aparcamiento que se prevén con la nueva actuación.

El contrato del autobús

La moción presentada por el PSOE sobre la ejecución de la sentencia que hace ya dos años declaro nulo el contrato de adjudicación del servicio de autobús urbano fue otro de los puntos calientes del pleno, en el que salvo las mociones conjuntas, el resto de propuesta fue rechazado por el equipo de Gobierno.

Ya el día anterior, el portavoz del PP, Fernando Rodríguez, había intentado justificar la medida argumentando que no era posible interrumpir el servicio y dejar a los vecinos sin autobuses, al tiempo que aseguró que la sentencia se estaba ejecutando.

Ayer, tanto el portavoz de Ciudadanos, Fernando Castaño, como el del PP, insistieron en ese argumento, pero ampliaron su justificación alegando que la pandemia había impedido avanzar en la nueva licitación.

Según el equipo de Gobierno, inmediatamente después de que la sentencia fuese firme, el Ayuntamiento publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, el inicio del proceso, publicación que no se hizo cuando se adjudicó el contrato hace cuatro años y que ha motivado que el mismo haya sido declarado nulo.

También aseguraron que se había creado un grupo de trabajo para concretar el plano de las distintas líneas que cubrirían el servicio en la ciudad, la estructura básica del mismo, en cuanto a costes, medios y personal y otra serie de circunstancias que aún no se han concretado y que debido a la situación de pandemia que se vive desde hace más de un año, actualmente han cambiado muchísimo, al igual que los ingresos y el déficit que genera a los ayuntamientos la prestación de este servicio. Por lo que era muy complicado poder concretar las características del servicio que debería incluirse en el pliego de condiciones para la adjudicación de este contrato.

Las explicaciones no convencieron en absoluto a los partidos de la oposición, que votaron a favor de la moción para que se ejecute de una vez, en un plazo de tres meses más concretamente, la sentencia y se ponga en marcha el proceso de licitación, y de manera muy especial al PSOE, ya que María Sánchez calificó de prevaricación administrativa el comportamiento el Ayuntamiento y de aberración jurídica la situación en la que se encontraba el proceso.

Otra moción en la que los tres partidos de izquierda además del concejal no adscrito unieron sus fuerzas son éxito ante la superioridad de los dos grupos que conforman el equipo de Gobierno, fue para apoyar la moción socialista que solicitaba un plan de adoquinado en el Casco Histórico de la Ciudad. Una propuesta que PP y Ciudadanos descalificaron abiertamente, pese a que la iniciativa, en palabras del portavoz socialista en la materia solo pretendía que se estudiasen las actuaciones al respecto y no se eliminase o parcheasen las zonas de adoquines, «tal y como han recomendado los técnicos».