El 75% de las empresas salmantinas se quedan fuera de las ayudas del Gobierno

El 75% de las empresas de Salamanca se quedarán fuera de las ayudas directas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. De las 25.742 contabilizadas en la Cámara de Comercio de Salamanca, con datos de la Agencia Tributaria del último trimestre de 2020, solo 6.199 están dentro de los sectores de actividad elegidos por el Ministerio de Asuntos Económicos, dirigido por Nadia Calviño. Esto supone que tres de cada cuatro negocios ni siquiera optará al reparto de los 7.000 millones que se han reservado del paquete aprobado en Consejo de Ministros para ayudas directas dirigidas a pymes y autónomos.

“Es una auténtica miseria”, espeta el presidente de la Cámara de Comercio salmantina, Benjamín Crespo. El Ministerio ha elegido a los sectores especialmente protegidos por los ERTE — con más del 10% del total de afiliados al Régimen General y menos del 75% de los empleados recuperados de los ERTE a 1 de marzo respecto al 1 de mayo del año pasado— que además registren un 30% de pérdidas. Un sistema completamente equivocado para Crespo. “Deberían entrar todas las empresas y percibir las cantidades en función de la caída de facturación. Tocamos a menos, pero llegamos a todos los negocios. Creo que es un equilibrio necesario y urgente”.

Crespo denuncia, como representante de todas las empresas salmantinas, que a pesar de la pandemia y de las pérdidas, los gastos siguen siendo los mismos, los impuestos y las tasas. Advierte de que la situación en Salamanca “es muy delicada” y que si el Gobierno no es capaz de ayudar a todos los gremios “va a haber una sangría brutal, porque las fuerzas se están acabando”. Confiesa que las empresas financieramente están en la UCI, “los ICO han sido una ayuda eventual, pero hay que devolverlos”.

La losa de los ICO. Por otro lado, el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano, señala que la fórmula de reparto es “pésima”. “Deberían haber tenido en cuenta las pérdidas de las empresas sean del CNAE que sean”. La organización ha denunciado durante semanas el riesgo de dejar a ámbitos económicos fuera de la protección como parte del sector agrario, de transporte por carretera o las escuelas de español tan relevantes para la economía de la provincia de Salamanca, así como peluquerías, entre otros. “Si queremos que las ciudades funcionen las subvenciones hay que darlas a las pymes”. Como representante de los sectores, confiesa que existe un cabreo generalizado.

“No es justo bloquear el acceso a los fondos por no estar en un determinado rango de actividad. Hay que buscar otra fórmula, pero ya sabemos que no lo van a hacer”. Martín Galeano critica que es el Gobierno el que indica qué actividades deben cerrar, “y ahora también nos dice cuál es el número de agraciados, como si esto fuera la Lotería del Niño”.

Recuerda que las empresas afrontan una temporada delicada con la devolución de los créditos ICO concedidos para paliar las pérdidas de la pandemia. “Aunque aprueben una moratoria, los bancos nos tienen asfixiados, no te dan más fondos hasta que no devuelvas los ICO”, lamenta ante la importante necesidad de crédito y de circulante de los negocios.

Estar incluido en los 95 sectores de actividad económica no es el único requisito para cobrar las ayudas directas del Gobierno. Además, las empresas y autónomos deben estar domiciliados en España y haber registrado en el ejercicio 2020 una caída de más del 30% en su volumen de operaciones anual con respecto a 2019, ejercicio en el que no deben de haber presentado pérdidas.

A estos se unen otros cuatro requisitos. El primero implica que el receptor no puede tener su domicilio en un paraíso fiscal, ni estar en concurso de acreedores ni haber cesado su actividad en el momento de la petición. El plan de Moncloa condiciona las partidas a estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como a no repartir dividendos ni aumentar los salarios de los equipos directivos en un periodo de dos años. Por último, tanto empresas como autónomos deberán comprometerse a mantener la actividad hasta junio de 2022. Además, el destino de las ayudas está condicionado, ya que el fin de los fondos deberá ser primero para el pago a proveedores y después para afrontar las deudas bancarias, con prioridad para las que tienen aval público.

De los 11.000 millones de euros previstos por el Gobierno, 7.000 se destinarán a ayudas directas. De ellos 2.000 irán a las comunidades peninsulares y el resto a Canarias y Baleares.

Las empresas en régimen de estimación objetiva podrán recibir hasta 3.000 euros, mientras que las que tengan un régimen de estimación directa con un máximo de diez empleados podrán recibir un 40% de las pérdidas.

Las que tengan más empleados, un 20%, con una subvención que no podrá ser menor de 4.000 euros ni superior a los 200.000 euros. Otra partida de 3.000 millones estará destinada a transferencias del Gobierno para liquidar parte de las deudas avaladas por dinero público, para extender o aligerar esos créditos. La tercera, de 1.000 millones, es un fondo de recapitalización destinado a ayudar a empresas viables pero con problemas por la crisis económica. Entre los sectores incluidos en las ayudas destaca el comercio en general, la hostelería con hoteles, bares y restaurantes, así como cines, lavanderías, taxis, empresas de transporte urbano y suburbano, campins, agencias de viajes, salas de juegos y apuestas, gimnasios, edición de museos y reparación de calzado y joyería, entre otros.