Duro enfrentamiento entre el Gobierno municipal y oposición por el contrato del servicio del autobús

El contrato del servicio público de transporte urbano de viajeros de autobús ha sido objeto de uno de los debates más acalorados entre Gobierno y oposición en el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca celebrado este viernes. Las fuerzas políticas de la oposición acusan al Equipo de Gobierno de la capital de ser “cómplice de una ilegalidad” considerando que el Consistorio debería haber sacado a licitación el nuevo contrato del bus urbano, incluso si eso supusiera un impacto negativo para los ciudadanos. Más bronco ha sido el tono de la edil socialista María Sánchez que se ha referido a los concejales Fernando Castaño y Fernando Rodríguez como “tergiversadores de sentencias” y ha dejado entrever que el Ayuntamiento podría estar incurriendo en “una prevaricación administrativa”.

El enfrentamiento ha surgido a raíz de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, que finalmente no ha salido adelante, y en la que se exigía al Consistorio que se ejecute la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 2019 que declaró nulo el contrato del servicio del transporte urbano de la capital. Una circunstancia, que el concejal de Turismo, Fernando Castaño, señaló que “ya se está haciendo” y que si no se ha sacado a licitación el nuevo contrato es porque se trabaja con “prudencia” para evitar que los ciudadanos sean los grandes perjudicados y más en medio de la pandemia. No obstante, Rodríguez ha aclarado que ya se está trabajando en ese nuevo contrato, para el que también se está teniendo en cuenta las pérdidas registradas tras la pandemia en el servicio (2,3 millones de euros menos por tarifas) y si llegará o no el dinero prometido desde el Gobierno Central.

Unas explicaciones que no han convencido ni a Virginia Carrera, del Grupo Mixto ni a Carmen Díez (Ganemos), que se han referido a esta circunstancia como “vergonzoso” y han acusado al Ayuntamiento de ser “cómplice de una manifiesta ilegalidad”. “Creo que están incurriendo en una ilegalidad grave y que esto tendría que acarrear firmemente la responsabilidad penal”.

Todos los partidos políticos se han sumado a la moción presentada por el Grupo Popular para instar el Gobierno de España a que apoye a los Ayuntamientos en su lucha contra la crisis sanitaria y lo haga enviando los prometidos 4.000 millones de euros del Fondo de Reestructuración Local.

Asimismo, se pide que las entidades locales reciban las ayudas correspondientes al Fondo Europeo para la Recuperación estén adaptadas al peso real del gasto público que las Administraciones locales están teniendo debido a la pandemia y que asciende al 14,56%, en lugar de apenas el 5% que pretende entregar el Gobierno.